Por:  MARCO ANTONIO PIMENTEL ESPINOZA* 

Abogado y Director de Pimentel Abogados

Artículo publicado en el N° 21 de la Revista ADMINISTRACIÓN Y CONTROL    de GACETA JURÍDICA, correspondiente al mes de Setiembre de 2015.

(*) Por motivos de índole estrictamente personal, se hace expresa manifestación que la publicación del presente artículo se efectúa en pleno uso del derecho a la opinión, expresión y difusión de pensamiento, reconocidos por el artículo 4° de la Constitución Política del Estado.

El controvertido precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en la STC N° 5057-2013-PA/TC ha sido objeto de diversas opiniones y críticas a través de medios impresos y virtuales, mediante diversos blogs y websites, en los cuales se ha señalado la naturaleza vulnerante de derechos y principios elementales del derecho laboral [1] [2], que se desprende de su fundamentación. El presente artículo tiene como finalidad, no cuestionar la meritocracia, ni la igualdad de oportunidades ante la Ley, sino demostrar que lo resuelto por el Tribunal Constitucional en realidad se basó en un criterio erróneo, siendo además inaplicable a casos específicos, como el de los trabajadores de las empresas del Estado (incluidas regionales y municipales) y de sociedades de economía mixta.

¿EL TRIBUNAL INTERPRETÓ LA CONSTITUCIÓN O LEYES LABORALES?

El Tribunal Constitucional al dictar las reglas contenidas en la STC N° 5057-2013-PA/TC no cumplió su función como máximo intérprete de la Constitución, sino se limitó a interpretar leyes especiales, fundamentando su decisión en un criterio contrario a la misma, esto debido a las siguientes razones:

  1. De lo señalado en el punto 3 de la parte resolutiva [3] de la STC N° 5057-2013-PA/TC, se aprecia que el Tribunal pretende, mediante su aplicación a procesos en trámite (que en muchos casos cuentan con sentencias favorables en primera instancia), el empleo retroactivo de la Ley, esto debido a que según el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, un Precedente Vinculante tiene efecto “ERGA OMNES”, siendo su alcance equiparable al de una Ley emitida por el Congreso, por lo cual se encuentra sujeto a las reglas establecidas por la Constitución (Artículo 103° CPP 1993) [4], que proscriben expresamente la retroactividad normativa, salvo en materia penal, criterio con el cual incluso concuerda el Voto Singular del Dr. Ramos Núñez, en el Auto Aclaratorio de la STC N° 5057-2013-PA/TC, de fecha 7 de julio de 2015, en su penúltimo párrafo.
  2. En su motivación, supuestamente se remite a la interpretación de los artículos 39° al 42° de la Constitución [5], afirmando: “la carrera administrativa constituye un bien jurídico constitucional”, “la prohibición de deformar el régimen de los funcionarios y servidores públicos”, y “el derecho de acceso a la función pública tiene como base el principio de mérito e igualdad” (Fundamento 8 literales b, d y e), cuando en realidad, de la simple lectura de dichos artículos, se desprende que estos no hacen ninguna referencia a lo argüido por el Tribunal, pudiendo apreciarse que en realidad lo que éste hizo fue una interpretación del artículo 5° de la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público [6], así como del artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil [7].
  3. En virtud a lo antes mencionado, es un hecho indiscutible que el Tribunal no fundamentó la decisión contenida en la STC N° 05057-2013-PA/TC, interpretando la Constitución  (en ejercicio de sus funciones), sino analizando normas laborales, contraviniendo tratados de carácter internacional que cuentan con un rango equivalente al del texto constitucional; como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Protocolo de San Salvador, al cual el Estado Peruano se encuentra adscrito en virtud a la Resolución  Legislativa N° 26448, en cuyo artículo 7° inciso d)  se establece: “los estados garantizaran la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional (…)” [8].

Cabe añadir que el Tribunal en su Fundamento 8, literal c, se refirió a que su criterio se amparaba en lo señalado “por otros tratados internacionales”, a los cuales el Perú se encontraba adscrito, los cuales sustentaban la motivación del fallo, pero sin nombrarlos, ni efectuando referencia o cita alguna a los mismos. Suponemos que por esa circunstancia, algunas instituciones y empresas del Estado deben haber pretendido presentar  recursos solicitando, en procesos judiciales en trámite por la vía ordinaria y amparo, la aplicación del Precedente Vinculante, el ahora llamado “Precedente Huatuco”, en la creencia errónea que los tratados internacionales nunca citados por el Tribunal eran los mismos a los cuales el Tribunal se remitió para la argumentación en virtud a la cual se resolvieron la STC Nº 0025-2005-PI/TC y la STC N° 0026-2005-PI/TC [9], sin tomar en consideración que los dispositivos contenidos en los tratados empleados para sustentar dichas sentencias no se refieren al derecho de acceso a la carrera administrativa pública, sino conciernen a la protección de derechos de participación política [10].

En opinión del autor, es muy probable que el Tribunal intentase valerse del razonamiento contenido en los tratados internacionales citados en la STC Nº 0025-2005-PI/TC y la STC N° 0026-2005-PI/TC, específicamente el artículo 25° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero suponemos que no se atrevió a hacerlo (al menos no expresamente), no determinando cuales eran “los otros tratados internacionales” porque de haber sido así, la sentencia que resolvió el caso de Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco hubiese resultado aún más cuestionable, al menos formalmente.

¿ES DE APLICACIÓN EL PRECEDENTE HUATUCO A LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO?

ABSOLUTAMENTE NO. Y hacemos esta afirmación debido a que, más allá de las cuestiones formales previamente planteadas, las reglas establecidas por la STC N° 5057-2013-PA/TC, que se basan indudablemente en la aplicación de la Ley N° 28175 [11] y de la Ley N° 30057 [12], se ven superadas por circunstancias que no fueron previstas en ésta, ni en su Auto Aclaratorio, de fecha 7 de julio de 2015 [13], en el cual el Tribunal especificó “(…) que el precedente de autos ha tenido por finalidad instaurar un conjunto de reglas jurisprudenciales sobre asuntos de relevancia constitucional relacionados con la interpretación de las disposiciones constitucionales sobre la función pública (…) respecto de su aplicación a las instituciones y trabajadores de la actividad pública, destacando entre otros aspectos, la importancia de la meritocracia en el acceso y permanencia en la administración pública, la misma que no sólo constituye un principio consustancial del derecho de acceso a la función pública (…)” (Fundamento 13).

Lo antes mencionado, no significa sino que los límites establecidos por el Tribunal Constitucional, en cuanto a la reposición laboral por la desnaturalización de contratos civiles o por locación de servicios son de aplicación única y estrictamente para los trabajadores que se desempeñan en la carrera administrativa y que, en consecuencia, se encuentran comprendidos en la función pública, según el texto constitucional vigente.

En ese orden de ideas, el llamado “Precedente Huatuco” no puede ser aplicado al personal de las empresas del Estado, debido a que el segundo párrafo del artículo 40° de la Constitución Política del Estado [14] lo señala expresamente: “(…) NO ESTÁN COMPRENDIDOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO O DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA (…)”, de lo cual se colige que éste no forma parte de la carrera administrativa, ni desarrolla función pública, opinión en la que han coincidido otros juristas e incluso magistrados, en medios virtuales de opinión e interpretación legal en materia laboral [15] [16] [17] [18], y prueba de ello es que las normas especiales que regulan el empleo público, la carrera administrativa y el servicio civil los exceptúan y excluyen explícitamente de su ámbito.

La afirmación contenida en éste artículo se corrobora con lo preceptuado en los siguientes dispositivos:

a) Ley de Bases de la Carrera Administrativa – Decreto Legislativo N° 276.

Artículo 2º.- No están comprendidos en la Carrera Administrativa los servidores públicos contratados ni los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza, (…) ni los trabajadores de las Empresas del Estado o de sociedades de economía mixta, cualquiera sea su forma jurídica

b) Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa – Decreto Supremo        N° 005-90-PCM.

Artículo 2º.- La Carrera Administrativa comprende a los servidores públicos que con carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la administración pública; con excepción de los trabajadores de las empresas del estado cualquiera sea su forma jurídica (…).

c) Ley Marco del Empleo Público – Ley N° 28175.

Ámbito de Aplicación. Artículo III.- La presente Ley regula la prestación de los servicios personales, subordinada y remunerada entre una entidad de la administración pública y un empleado público, cualquiera fuera la clasificación que éste tenga, y la parte orgánica y funcional de la gestión del empleo público. Para efectos de la presente Ley son entidades de la administración pública (…)” 

Sobre el particular, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en el Informe denominado “El Servicio Civil Peruano: Antecedentes, Marco Normativo Actual y Desafíos para la Reforma[19], página 14, pie de página 68, señala textualmente: “Artículo 3 de la Ley 28175. Esta Ley no incluye a las personas contratadas temporalmente, a los trabajadores de las empresas del Estado ni a los obreros municipales”. 

d) Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057.

Primera Disposición Complementaria Final – Trabajadores, Servidores, Obreros, Entidades y Carreras no Comprendidos en la Presente Ley.- No están comprendidos en la presente ley los trabajadores de las Empresas del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1023, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República ni los servidores sujetos a carreras especiales. Tampoco se encuentran comprendidos los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales (…)”

e) Reglamento de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, aprobado mediante D.S.   N° 40-2014-PCM.

Alcance del Servicio Civil de Carrera. Artículo 247°.- El Servicio Civil de Carrera está integrado por las personas que se han incorporado a una entidad para prestar servicios, mediante concurso público de méritos, de conformidad con las reglas establecidas por la presente norma y que desarrollan actividades sustantivas y de administración interna en el ejercicio de una función administrativa, la prestación de servicios públicos o la gestión institucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 65º de la Ley. No están comprendidos en el servicio civil de carrera los funcionarios públicos, los directivos públicos, los servidores de confianza, los servidores de actividades complementarias, las personas con una contratación temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84° de la ley 30057, ni los trabajadores y servidores que señala la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley.”

f) Decreto Legislativo N° 1023 – D.L. que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

Tercera Disposición Complementaria Final. (…) Respecto a las Empresas del Estado sujetas al ámbito de competencia del Fondo de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, la Autoridad ejercerá sus funciones y atribuciones en coordinación con el citado organismo, con sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y sus leyes especiales” [20].

g) Decreto Legislativo N° 1057 – Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación.-  El régimen especial de contratación administrativa de servicios es aplicable a toda entidad pública sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; asimismo, a las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, con excepción de las Empresas del Estado

Sin perjuicio de lo establecido por las normas citadas líneas arriba, las disposiciones legales que regulan la Actividad Empresarial del Estado señalan:

  1. Ley de la Actividad Empresarial del Estado – Ley Nº 24948.

Artículo 1°.- La presente ley regula la actividad Empresarial del Estado, en lo relativo a su objetivo, ámbito, organización, funcionamiento, régimen económico, financiero, régimen laboral evaluación y relaciones con los diverso niveles de gobierno y sistemas administrativos

Artículo 53°.- Los trabajadores de las Empresas del Estado, sean éstas de derecho público o de derecho privado se rigen por el régimen laboral común de la actividad privada, respetando los regímenes especiales contenidos dentro del régimen común, sin menoscabo en ningún caso de los derechos que señala la Constitución Política del Perú en el Capítulo de Trabajo (…)”.

Artículo 54°.- Quedan prohibidas las reasignaciones de funcionarios y servidores públicos a empresas del estado, sean de derecho público, privado o mixtas. Quedan sin efecto las resignaciones efectuadas a partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 276. En estos casos, se entiende que la nueva relación laboral con la Empresa se inicia a partir de la fecha en que efectivamente empezó a prestar servicios en dicha empresa del Estado, teniendo el trabajador opción para retornar a su anterior empleo en el servicio público, y con derecho a su reincorporación” [21]

Artículo 55°.- Corresponde a CONADE emitir las políticas de desarrollo y mejoramiento de los recursos humanos de la actividad empresarial del estado, así como aprobar, supervisar y apoyar las que promueven los Conjuntos Empresariales y Empresas del Estado (…)”

Artículo 57°.- En concordancia con el Artículo 55° de la presente ley corresponde a CONADE: a) Establecer y definir las políticas de mejoramiento de los recursos humanos de la actividad empresarial del estado, en lo relativo a sistemas y criterios de selección y promoción del personal; desarrollo de: la capacidad gerencial, racionalización y competitividad de las escalas salariales y de remuneraciones, esquelas de incentivos, beneficios y de movilidad del mercado interno de trabajo (…)”

Disposiciones Complementarias. Primera.- Los conjuntos empresariales y las Empresas del Estado de derecho público, de derecho privado y de economía mixta se rigen por lo dispuesto en esta Ley y, supletoriamente por la Ley General de Sociedades. Las Empresas de Derecho Público se regirán además por sus leyes de creación en cuanto no se opongan a lo dispuesto por esta ley” [22].

  1. Decreto Legislativo 1031 – Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado.

Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto Legislativo tiene por objeto promover la eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado, principalmente en lo que se refiere a sus principios, naturaleza, organización, conducción, funciones, gestión, recursos y su vinculación con los Sistemas Administrativos del Estado. Para tal efecto, se establece disposiciones que buscan promover una gestión eficiente y autónoma y un sistema de control adecuado, en un contexto de transparencia”

Artículo 2°. Ámbito de aplicación Las disposiciones del presente Decreto Legislativo y su Reglamento son aplicables a las Empresas del Estado bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado  FONAFE. El presente Decreto Legislativo y su Reglamento se aplican prioritariamente sobre otras disposiciones legales de igual o menor rango que resulten aplicables al caso concreto

Artículo 3°. Ámbito de la Actividad Empresarial del Estado. La Actividad Empresarial del Estado se desarrolla en forma subsidiaria, autorizada por Ley del Congreso de la República y sustentada en razón del alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, en cualquier sector económico, sin que ello implique una reserva exclusiva a favor del Estado o se impida el acceso de la inversión privada. Las Empresas del Estado se rigen por las normas de la Actividad Empresarial del Estado y de los Sistemas Administrativos del Estado, en cuanto sean aplicables, y supletoriamente por las normas que rigen la actividad empresarial privada, principalmente por la Ley General de Sociedades y el Código Civil”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y MODIFICATORIAS. (…) SÉTIMA. Régimen laboral de los trabajadores de las Empresas del Estado. Se rigen por el régimen laboral de la actividad privada

La opinión vertida en el presente no sólo se limita a la cita literal de dispositivos legales, sino además se sustenta en la interpretación efectuada sobre los mismos, llevada a cabo por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, a través de informes técnicos y legales, entre los cuales se cuentan el Informe Legal N° 200-2009-ANSC/OAJ, (páginas 1 y 3) de fecha 26 de noviembre de 2009, dirigido a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores [23], el Informe Legal N° 207-2011-SERVIR/GG-OAI [24], de fecha 08 de marzo de 2011, dirigido a la Dirección Ejecutiva de FONAFE (página 2), el Informe Técnico N° 163-2015-SERVIR/GPGSC [25], de fecha 08 de abril de 2015, dirigido a la Empresa Municipal de Mercados S.A – EMMSA  y el Informe Técnico N° 326-2015-SERVIR/GPGSC [26], del 15 de mayo de 2015, dirigido a PERUPETRO S.A. (página 3), entre otros, los cuales concuerdan, en el sentido que LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA, NI EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SERVICIO CIVIL.

Finalmente, cabe añadir que con fecha 10 de agosto de 2015 fue presentado el Proyecto de Ley N° 4714/2015-CR [27], cuya finalidad es la de Incorporar a las personas que prestan servicios de naturaleza permanente en las entidades del Estado bajo la modalidad de Contratación de Servicios No Personales (SNP) y Contratación Administrativa de Servicios (CAS), al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en cuya página 11 se señala: LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO O DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA ESTÁN EXCLUIDOS EXPRESAMENTE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A TENOR DEL ARTÍCULO 40° DE LA CONSTITUCIÓN.

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la aclaración efectuada por el Tribunal Constitucional, en el Auto de fecha 7 de julio de 2015, es indudable que el Precedente Vinculante establecido en la STC N° 5057-2013-PA/TC NO RESULTA DE APLICACIÓN AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO, máxime cuando mediante la STC N° 370-2000-AC/TC, éste órgano colegiado fundamento su fallo señalando expresamente que NO ESTÁN COMPRENDIDOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO O DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA[28], por lo cual, se colige que no les resulta de aplicación ninguna de las reglas establecidas en la STC N° 5057-2013-PA/TC.

NOTAS Y REFERENCIAS:

[1]  http://enfoquederecho.com/el-precedente-vinculante-en-el-caso-huatuco-entrevista-a-cesar-landa/

[2]  http://joseluisjarabautista.blogspot.com/ artículo del 18 de agosto de 2015.

[3] “(…) 3. Declarar que a partir del día siguiente de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano, los procesos de amparo en trámite, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, deberán ser declarados improcedentes cuando se verifique que un demandante no pueda ser reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. En tal caso, el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para que el demandante solicite la indemnización que corresponda.”

[4] Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho”.

[5] Artículo 39°.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.

Artículo 40°.- La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos,  deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. 

No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. 

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.

Artículo 41°.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o  de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.

Artículo 42°.- Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.”

[6] Acceso al empleo público. Artículo 5°.- Acceso al empleo público El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.”

[7] Artículo III. Principios de la Ley del Servicio Civil.- Son principios de la Ley del Servicio Civil:

a) Interés general. El régimen del Servicio Civil se fundamenta en la necesidad de recursos humanos para una adecuada prestación de servicios públicos.

b) Eficacia y eficiencia. El Servicio Civil y su régimen buscan el logro de los objetivos del Estado y la realización de prestaciones de servicios públicos requeridos por el Estado y la optimización de los recursos destinados a este fin.

c) Igualdad de oportunidades. Las reglas del Servicio Civil son generales, impersonales, objetivas, públicas y previamente determinadas, sin discriminación alguna por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

d) Mérito. El régimen del Servicio Civil, incluyendo el acceso, la permanencia, progresión, mejora en las compensaciones y movilidad, se basa en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad y evaluación permanente para el puesto de los postulantes y servidores civiles.

e) Provisión presupuestaria. Todo acto relativo al sistema del Servicio Civil está supeditado a la disponibilidad presupuestal, el cumplimiento de las reglas fiscales, la sostenibilidad de las finanzas del Estado, así como a estar previamente autorizado y presupuestado.

f) Legalidad y especialidad normativa. El régimen del Servicio Civil se rige únicamente por lo establecido en la Constitución Política, la presente Ley y sus normas reglamentarias.

g) Transparencia. La información relativa a la gestión del régimen del Servicio Civil es confiable, accesible y oportuna (…)”

[8]  http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html

[9]  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.html

 

[10] La STC Nº 0025-2005-PI/TC y la STC N° 0026-2005-PI/TC se fundamentan en:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 25°.- Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:(…) c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (…)”.

Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículo 23°.-  Derechos Políticos.- 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (…) c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

[11] http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_per_ley_28175_sp.pdf (Ley Marco del Empleo Público)

[12] http://files.servir.gob.pe/WWW/files/normas%20legales/Ley%2030057.pdf (Ley del Servicio Civil)

[13] http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/05057-2013-AA%20Aclaracion.pdf (Auto de Aclaración de la STC 5057-2013-PA/TC)

[14] Artículo 40.- Carrera administrativa. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos”.

[15] http://elabogadodelcascarrasco.blogspot.com/2015/07/zonas-exceptuadas-del-precedente.html

[16] http://omartoledotoribio.blogspot.com/2015/07/el-precedente-huatuco-huatuco-implica.html

[17] http://derechotrabajoperu.blogspot.com/2015_06_01_archive.html

[18] http://www.laboraperu.com/precedente-huatuco-no-aplica-empresas-publicas.html

[19]http://files.servir.gob.pe/WWW/files/biblioteca/SERVIR%20%20El%20servicio%20civil%20peruano.PDF  (en http://inst.servir.gob.pe/index.php/es/biblioteca/documentos-clave.html ).

[20] SERVIR, en diversos informes citados en el presente artículo, ha referido que la coordinación con las Empresas del Estado establecida por el D.L. N° 1023, únicamente se refiere al empleo común del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, más no a la administración, procedimientos de selección y/o contratación de personal.

[21] Evidentemente, la reasignación de funcionarios y servidores públicos a las Empresas del Estado o de economía mixta es un claro indicativo que el personal de estas no forma parte de la carrera administrativa pública, más aún toda vez que la reasignación y el destaque son acciones administrativas propias de la administración pública (denominada ahora Servicio Civil).

[22] Dicho artículo se refiere indudablemente a los Estatutos y Actas de Constitución de las empresas del Estado y Sociedades de Economía Mixta.

[23]http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Informes%20Legales/InfoLegal_200-2009-ANSC-OAJ.pdf

[24] http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Informes%20Legales/InformeLegal_207-2011-SERVIR-OAJ.pdf

[25] http://storage.servir.gob.pe/normatividad/Informes_Legales/2015/IT_163-2015-SERVIR-GPGSC.pdf

[26]http://storage.servir.gob.pe/normatividad/Informes_Legales/2015/IT_326-2015-SERVIR-GPGSC.pdf

[27]http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc03_2011.nsf/dff31fef3f6852be05257e22000b22a3/8962cf947a97f40c05257e9d0071e6f8/$FILE/PL0471420150810.pdf

[28] http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00370-2000-AC.html