MARCO ANTONIO PIMENTEL ESPINOZA

Abogado y Director de Pimentel Abogados

En un artículo anterior habíamos mencionado cuáles eran los principales defectos formales del Precedente Jurisprudencial contenido en la STC N° 05057-2013-PA/TC; su pretendida aplicación retroactiva a causas en trámite y el sustentarse únicamente en la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público y la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, además que el mismo no resulta aplicable a casos específicos, como ocurre con los trabajadores de las Empresas del Estado (como las que conforman la Corporación FONAFE) [1], así como empresas regionales y municipales. En virtud a ejecutorias de publicación reciente, se ha podido advertir que el espectro de situaciones en las cuales éste no surte efecto alguno ha sido ampliado por la Corte Suprema de la República, demostrando que las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional, carecen de razonabilidad, no obstante éste persiste en la no rectificación de las mismas, actitud que no sólo causa un evidente perjuicio al individuo, al privarlo de la posibilidad de ser reincorporado (de no encontrarse en alguno de los supuestos de exclusión a la aplicación del precedente vinculante), pero además, y esto desde una perspectiva estrictamente Estatal, el que la insistencia en cuanto a su empleo como medio de defensa por las instituciones demandadas genere un costo económico de considerables proporciones, y es precisamente ese el punto que se aborda en el presente artículo.

EL PRECEDENTE PARCIALMENTE OBLIGATORIO 

Una vez publicada la STC N° 05057-2013-PA/TC, muchas instituciones públicas y empresas estatales se apresuraron al despido casi masivo de personal empleado bajo contratos sujetos a modalidad o civiles, sin antes medir el impacto o las consecuencias que dicho proceder podría originar. En ese estado de cosas, la presentación de recursos de apelación de sentencias de primera instancia y recursos de casación en procesos que se creían perdidos irremisiblemente se efectuó con prontitud y con no poca esperanza de revertir resultados desfavorables, en algunos casos contratándose incluso onerosas asesorías externas, con la plena seguridad que los despedidos por la administración de turno (con o sin causa) no volverían más. Podríamos decir que el Tribunal Constitucional, en virtud a ese fallo, permitió que por un corto período de tiempo los jefes de RR.HH. y plana gerencial del aparato estatal experimentasen una repentina y breve sensación de poder absoluto, al confiar que gracias al precedente vinculante tendrían la facultad de prescindir, en cualquier momento, de personal cuyo contrato hubiese sido desnaturalizado, el cual podría ser reemplazado a voluntad, sin que hubiese discusión alguna, que resultase amparable en la vía jurisdiccional, a pesar de contravenir los principios más elementales del derecho laboral.

Ante el escenario planteado por el Tribunal Constitucional, la interpretación de las reglas correspondientes a la reposición laboral fue llevada a cabo inicialmente a través de las salas laborales, entre ellas la Cuarta Sala Laboral, la cual mediante sentencia emitida en el Expediente N° 27013-2013-0-1801-JR-LA-03, señaló que la reposición laboral procedería en tres supuestos [2]; cuando la demanda no contuviese la solicitud de reposición, sino la de declaración de vínculo laboral (existiendo prestación vigente mediante un contrato modal desnaturalizado), por aplicación del principio de primacía de la realidad, al tratarse de una acción que contenga como petitorio la solicitud de declaración de existencia de una relación laboral (no persistiendo vigencia contractual) por contratos modales desnaturalizados y/o contratos CAS y, por último, cuando la entidad demandada sea una institución excluida de los alcances de Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil (personal de las Empresas del Estado y obreros municipales).

Cabe señalar que las reglas impuestas por la STC N° 05057-2013-PA/TC no fueron objeto de pronunciamiento alguno en el III Pleno Jurisdiccional Laboral y Previsional, llevado a cabo en junio de 2015 [3], motivo por el cual los órganos jurisdiccionales de primera instancia y algunos vocales superiores optaron por resolver o votar, amparándose en la discrecionalidad, fundamentando las sentencias en los supuestos previamente mencionados y/o basándose en la aplicación principista del derecho laboral, o por el contrario, simplemente remitiéndose a cumplir literalmente lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, en contra del trabajador, sin efectuar un análisis más profundo.

Es así que la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, mediante la sentencia en Casación N° 11169-2014-LA LIBERTAD, del 29 de octubre de 2015, declaró infundado un recurso de casación interpuesto por el Poder Judicial, fallando a favor de la demandante, basándose entre otras cosas, en la conceptualización de la función pública, ajustándose a lo establecido por el artículo 40° de la Constitución Política, indicando además que el reconocimiento de la existencia de vínculo laboral (al existir un contrato desnaturalizado vigente) no constituye per se reposición laboral; siendo este el primer fallo, a nivel de la Corte Suprema en el cual se contradijo el parecer del Tribunal Constitucional, declarándose incluso en la parte resolutiva de dicha ejecutoria suprema que ésta contenía “principios jurisprudenciales relativos a la debida interpretación del artículo 5° de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público” [4].

Ello significó un primer paso respecto a la delimitación del verdadero ámbito de aplicación de la STC N° 05057-2013-PA/TC, puesto que como era de esperarse, si bien es cierto, la discrecionalidad es un atributo inherente a la función jurisdiccional, ésta no puede justificar resultados tan dispares, en vista que al poco tiempo de su publicación en el diario oficial “El Peruano”, se pudo apreciar que en la motivación de sentencias en primera o segunda instancia estas acataban o, en otros casos, desestimaban las reglas establecidas para la procedencia de la reposición laboral, algo bastante singular, si se tiene en consideración que la administración de justicia es una sola, y que para el desarrollo de la labor jurisdiccional se emplea la exégesis normativa, la interpretación jurisprudencial, doctrinaria, y los contenidos que conocemos como principios generales del derecho, ello sin considerar que ésta además debe observar determinados parámetros de uniformidad que permitan afianzar la seguridad jurídica, así como contribuir a la predictibilidad de los fallos judiciales.

Es por esa razón que, no habiéndose emitido un pronunciamiento al respecto en el último Pleno Jurisdiccional Laboral y Previsional, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, a través de la sentencia en Casación N° 12475-2014-MOQUEGUA [5], del 17 de diciembre de 2015, aclaró definitivamente los alcances de las reglas impuestas por el Tribunal Constitucional, determinando criterios jurisdiccionales de obligatorio cumplimiento por las instancias inferiores, en cuanto corresponde a lo señalado por la STC N° 05057-2013-PA/TC, especificando que estas resultan inaplicables en seis casos, claramente identificados:

  • Cuando la pretensión demandada este referida a la nulidad de despido, prevista en el artículo 29° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y leyes especiales.
  • Cuando se trate de trabajadores al servicio del Estado sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 o de la Ley N° 24041.
  • Cuando se trate de obreros municipales sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
  • Cuando se trate de trabajadores sujetos al régimen de Contrato Administrativo de Servicios – CAS.
  • Cuando se trate de trabajadores al servicios del Estado señalados en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil.
  • Cuando se trate de funcionarios, políticos, funcionarios de dirección o de confianza a que se refiere el artículo 40° de la Constitución Política del Perú.

¿ES INEFICIENTE LA DEFENSA LEGAL DEL ESTADO BAJO UNA ÓPTICA COSTO/BENEFICIO?

Lógicamente luego de lo previamente referido, corresponde preguntarse si el deber de los procuradores públicos y asesores legales de las instituciones estatales y/o empresas del Estado concluye ante la emisión de una sentencia desfavorable en segunda instancia, o si es que se encuentran obligados a interponer un recurso de casación, a sabiendas que éste será desestimado automáticamente, ocasionando una multa que constituirá un indudable desmedro en los recursos económicos de su representada. En la mayoría de los casos, por inaudito que parezca, el recurso de casación es presentado, e incluso el procurador/asesor es compelido por sus superiores a ello. La situación anteriormente descrita, si el patrocinado fuese un particular o una empresa privada, sería imposible. Ante el planteamiento de una casación inútil, el cliente consideraría que su abogado no es diligente, muy por el contrario, lo tendría por ineficiente, estratégicamente hablando, y hasta carente de sentido común.

Entonces, ¿en dónde radicaría la ineficiencia estratégica, si estoy obligado a agotar todos los recursos legales? – se preguntaría sorprendido el procurador o asesor legal público.

Simple. En el incumplimiento de su función; vale decir, la protección de los intereses del Estado, de sus recursos, en la incapacidad de negociación y adecuada estimación de las variables costo/beneficio en el despliegue de la estrategia de defensa legal.

Con el transcurrir de los años, la conciliación extrajudicial, que no es otra cosa que la negociación de condiciones a través de un mediador, se ha consolidado como un mecanismo eficaz en la solución de conflictos, contribuyendo eficientemente a la reducción de costos para el justiciable, quien ya no precisa recurrir a los órganos de administración de justicia, en tanto que por otro lado, ha significado una considerable disminución en la carga procesal de las dependencias judiciales. Sin embargo, ésta no es debidamente apreciada por su principal promotor, el propio Estado, como un método para la reducción de costos, en cuanto a los procesos judiciales en los cuales el Estado es demandado, y esto es muy sencillo de demostrar.

Pongamos un ejemplo: el “Sr. A” tiene 30 años de edad, trabaja bajo un contrato por locación de servicios (desnaturalizado) en una empresa estatal (supongamos que se trate de PETROPERU o cualquier otra), percibe la suma de S/. 3,000.00 mensuales, es despedido incausadamente e inicia un proceso judicial por reposición. La experiencia nos ha enseñado que el área de asesoría legal de la demandada, valiéndose de su equipo de abogados contestará la demanda, contradiciéndola e interpondrá todas las excepciones, defensas previas, tachas y recursos posibles, incluido un recurso de casación kamikaze, si es necesario, con la finalidad de dilatar el proceso “al máximo”. Al término de tres años, finalmente el proceso concluye, el “Sr. A” al ser restituido en su puesto, percibirá por concepto de remuneraciones caídas, exigibles como indemnización, al menos:

  • Remuneración correspondiente a 36 meses            =  S/. 108,000.00
  • Gratificaciones por julio y diciembre (por 3 años) =  S/.   18,000.00
  • Vacaciones (por 3 años)                                               =  S/.     9,000.00

Si a esto le sumamos, el monto correspondiente a utilidades, compensación por tiempo de servicios, bonificaciones extraordinarias, uniformes, intereses y otros, tendríamos un aproximado ascendente a más de doscientos mil soles; pongamos S/. 210,000.00, a lo cual tendríamos que añadir los beneficios no percibidos durante el tiempo en el que su contrato de trabajo se encontró vigente, puesto que su relación laboral se inició desde la fecha en que ingresó a laborar.

Manteniéndonos en el ejemplo, la empresa demandada pierde el juicio en contra del “Sr. A”, finalmente lo repone en su puesto y le efectúa la cancelación de las remuneraciones caídas y beneficios no percibidos. Pero ahí no termina todo. La empresa no ha perdido sólo el dinero que hubo de cancelar al “Sr. A”, ni la plaza laboral que él ahora ocupa, de la que pudo haber dispuesto de ganar el litigio, ha perdido eso y además alrededor de 35 años de remuneraciones, gratificaciones, utilidades, bonos y demás, en vista que si el “Sr. A” es un buen trabajador, responsable y puntual, no podrá volver a despedirlo, al menos no sin causa justa, y la empresa deberá conservarlo en la institución hasta que a éste le corresponda jubilarse.

Si hacemos números, y asumimos que por los 3 años que duró su proceso judicial el “Sr. A” le costó a la demandada S/. 210,000.00 (en razón a S/. 70,000.00 por año), tendremos que al cabo de 35 años de prestación de servicios, el “Sr. A” le costará a la empresa el desembolso de al menos S/. 2’450,000.00, en el supuesto negado que no hubiese aumentos, categorizaciones, homologaciones y otras bonificaciones durante ese lapso de tiempo, y tendremos que ese será el verdadero costo de un proceso laboral perdido, todo a causa de la ineficiencia, traducida en la incapacidad de negociación, la escasa valoración del riesgo legal y del pensamiento cortoplacista, aplicado generalmente en función a la administración de turno.

Nuestro planteamiento podría ser tomado como una mera especulación, porque el ejemplo propuesto se refirió únicamente al “Sr. A”, uno de los tantos millones de peruanos que sabe lo difícil que es obtener estabilidad laboral y un salario “fijo aunque no necesariamente justo” en el Perú. El protagonista de nuestro ejemplo probablemente sea un caso excepcional, quizás no.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Regresemos una vez más a nuestro ejemplo, y supongamos que la institución en la cual trabaja el “Sr. A” cuenta con alrededor de 600 u 800 empleados en las mismas condiciones o vayamos más allá, imaginemos el número de trabajadores bajo contratos modales o civiles desnaturalizados que prestan servicios en las empresas del Estado y demás instituciones excluidas de los alcances del precedente contenido en la STC N° 05057-2013-PA/TC, y hagamos números una vez más. Entonces preguntemos a nuestro procurador público o asesor legal, realmente… ¿valdría la pena ir en casación?, ¿sería más recomendable desembolsar S/. 210,000.00 en un acuerdo conciliatorio, en lugar de perder más de S/. 2’450,000.00?. La respuesta podría demostrarnos si quienes asesoran legalmente a nuestras instituciones son eficientes o no, pero claro, todo lo dicho aquí es sólo especulación, el caso del “Sr. A” es sólo una singularidad en la realidad nacional.

[1]   http://pimentelabogados.com/el-precedente-huatuco-y-las-empresas/ artículo publicado en la edición de Setiembre de 2015 por Gaceta Jurídica en el la revista Administración Pública y Control, bajo el título “El Precedente Huatuco y las Empresas del Estado”.

[2]   http://omartoledotoribio.blogspot.pe/2015/07/el-precedente-huatuco-huatuco-implica.html

[3]  http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/10/24/1303078-1.html

[4]  https://issuu.com/hugodsanchezabogado/docs/cas.lab.11169-2014

[5]  https://issuu.com/hugodsanchezabogado/docs/resolucion_9_2015122313172500063438